El Constitucional anula los servicios mínimos de Ryanair

El Tribunal Constitucional ha dado la razón al sindicato Unión Sindical Obrera en su litigio contra los servicios mínimos establecidos durante la huelga del personal de asistencia en tierra de Ryanair e Ihandling Aviation. El Pleno ha estimado el recurso de amparo al considerar que la resolución del Ministerio de Transportes vulneró el derecho fundamental a la huelga, al dejar en manos de las compañías una capacidad de decisión excesivamente amplia sobre los trabajadores que debían continuar prestando sus servicios.

La decisión, adoptada en una sentencia cuya ponente ha sido la magistrada María Luisa Balaguer Callejón, supone un nuevo pronunciamiento constitucional sobre los límites que deben respetar las autoridades al fijar los servicios mínimos durante una huelga.

El origen del conflicto laboral

La controversia comenzó con la convocatoria de una huelga del personal de asistencia en tierra de Ryanair e Ihandling Aviation, que se desarrolló entre octubre de 2022 y enero de 2023. Ante los paros, la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aprobó una resolución para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales para la comunidad.

USO recurrió esta decisión al considerar que los servicios mínimos eran abusivos y excesivos, hasta el punto de impedir en la práctica el ejercicio efectivo del derecho de huelga.

La Audiencia Nacional estimó inicialmente la impugnación y anuló la resolución. El tribunal entendió que la Administración no había motivado suficientemente las medidas, ya que no había concretado el número o porcentaje de trabajadores que debían prestar los servicios mínimos y había dejado esa decisión a las empresas.

Sin embargo, el Tribunal Supremo revocó posteriormente este pronunciamiento en casación. Consideró que la resolución administrativa estaba suficientemente motivada y que no era imprescindible que la autoridad gubernativa estableciera mediante cifras o porcentajes el número de trabajadores necesarios.

La discrecionalidad de las empresas, en el centro del debate

El Tribunal Constitucional ha corregido el criterio del Supremo. A su juicio, la resolución administrativa empleó fórmulas indeterminadas y sin suficiente concreción para identificar a los trabajadores afectados por los servicios mínimos.

El problema, según explica el tribunal, es que esa falta de precisión permitía a las compañías decidir con un margen de discrecionalidad excesivo. Aunque la doctrina constitucional admite que las empresas asuman determinadas tareas de concreción técnica o funcional, esa posibilidad no puede convertirse en una delegación que les otorgue capacidad para determinar libremente el alcance de los servicios mínimos.

El Constitucional considera que esta circunstancia compromete la imparcialidad necesaria para establecer las prestaciones que deben mantenerse durante una huelga, especialmente porque las empresas son parte del propio conflicto laboral.

Por este motivo, el Pleno ha estimado el recurso de amparo de USO y ha anulado tanto la resolución administrativa como la sentencia del Tribunal Supremo que la confirmó.

Un nuevo pronunciamiento sobre Ryanair

La sentencia sigue el criterio establecido en la STC 62/2026, de 22 de septiembre, que examinó los servicios mínimos fijados durante una huelga en Ryanair, en aquella ocasión del personal de cabina.

El fallo cuenta con un voto particular del magistrado Enrique Arnaldo Alcubilla. La decisión refuerza la exigencia de que los servicios mínimos estén definidos mediante criterios objetivos y suficientemente precisos, de manera que su aplicación no termine restringiendo injustificadamente el derecho fundamental a la huelga.