El Supremo aclara los límites de la prueba digital

Los problemas para acceder a archivos digitales durante un procedimiento penal no bastan para anular una condena. El Tribunal Supremo considera que las incidencias informáticas solo vulneran el derecho de defensa cuando provocan una imposibilidad real de conocer o cuestionar pruebas relevantes y generan una indefensión efectiva.

Así lo establece la Sala de lo Penal en la sentencia n.º 597/2026, de 7 de octubre (ECLI:ES:TS:2026:4115), que examina las dificultades de acceso a grabaciones y otros archivos digitales utilizados en una causa penal.

Un error informático no implica indefensión automática

El Tribunal recuerda que el artículo 24 de la Constitución Española protege el derecho de defensa y exige que las partes puedan acceder a los elementos probatorios del procedimiento.

Sin embargo, distingue entre un problema técnico y sus consecuencias jurídicas. Que una plataforma impida descargar un archivo o que una copia resulte inutilizable no significa necesariamente que la defensa haya quedado privada de conocer la prueba.

Para apreciar una vulneración constitucional debe comprobarse si existieron otras vías eficaces para acceder a la documentación y si la incidencia impidió realmente preparar el juicio o cuestionar elementos utilizados para fundamentar la condena.

En el caso analizado, las defensas habían recibido previamente copias mediante soportes alternativos. El Supremo considera que no demostraron qué documentos resultaban inaccesibles ni qué información relevante había quedado fuera de su alcance.

Las conversaciones pueden incorporarse mediante transcripciones

La sentencia también aborda una cuestión habitual en los procedimientos con intervenciones telefónicas: si todas las grabaciones deben reproducirse durante el juicio.

La respuesta del Tribunal es negativa. Las comunicaciones pueden incorporarse mediante transcripciones elaboradas con las debidas garantías o a través de las declaraciones de los agentes que las escucharon directamente.

No obstante, las defensas deben poder consultar los archivos originales. Este acceso permite comprobar el contenido de las conversaciones, identificar a sus interlocutores y detectar posibles errores en las transcripciones o interpretaciones policiales.

El Supremo exige concretar qué se pretende comprobar

Otro de los aspectos destacados de la resolución es la necesidad de justificar las solicitudes de audición. No resulta suficiente reclamar la reproducción íntegra de numerosos archivos sin explicar su utilidad para el ejercicio del derecho de defensa.

Quien solicite escuchar una grabación debe identificar, en la medida de lo posible, las palabras, declaraciones o atribuciones de voz que pretende verificar y explicar por qué esa comprobación puede influir en el resultado del proceso.

Esta exigencia también se aplica cuando la petición se formula en apelación. En el asunto examinado, las defensas no concretaron qué discrepancias necesitaban comprobar ni qué consecuencia podía tener la reproducción solicitada.

Una doctrina relevante para la justicia digital

La resolución establece un criterio importante para los procedimientos penales en los que la prueba digital ocupa un lugar relevante: el derecho de defensa exige acceso efectivo a las pruebas, pero no convierte cualquier incidencia informática en una causa de nulidad.

El Supremo desestima las reclamaciones relacionadas con el acceso a los archivos y la reproducción de las conversaciones. No obstante, estima parcialmente el recurso por otras razones, absuelve a uno de los acusados por insuficiencia probatoria y elimina respecto de los demás la agravación relacionada con el uso de medios tecnológicos avanzados.