Prueba, defensa y tipicidad: análisis doctrinal de la agravante de medios tecnológicos avanzados

La sentencia del Tribunal Supremo sobre la agravante de medios tecnológicos avanzados aborda cuatro cuestiones de derecho penal y procesal. Son el acceso al expediente digital, la presunción de inocencia, la notoria importancia y el grupo criminal. La Sala de lo Penal absuelve a uno de los cuatro condenados. Este análisis examina las categorías jurídicas que maneja la resolución.

Planteamiento del caso

En mayo de 2021, la policía interceptó en Badajoz a un acusado con siete paquetes de heroína en un compartimento camuflado de su vehículo. Equivalían a 381,12 gramos de sustancia pura.

Las sentencias de instancia atribuían a otro acusado la dirección de la actividad y a un matrimonio la preparación y el embalaje. La Audiencia Provincial de Badajoz condenó a los cuatro por los artículos 368 y 369.1.5.ª del Código Penal y por grupo criminal.

Primera categoría: el acceso al expediente digital

La contradicción exige haber podido conocer antes el material necesario para preparar el interrogatorio. Una copia vacía o un archivo inutilizable no satisfacen esa garantía.

El Supremo corrige al tribunal de apelación en un punto. No comparte que la imposibilidad de acceder al resultado de una intervención telefónica o de una geolocalización sea siempre una cuestión de mera legalidad ordinaria.

Pero un fallo informático no vulnera el derecho de defensa si la información se facilitó por otra vía real y efectiva. Lo decisivo es poder conocerla y utilizarla en tiempo útil.

Segunda categoría: el acta notarial

El acta acredita las incidencias que el notario comprobó. No es literosuficiente, a efectos del artículo 849.2 de la LECRIM, para demostrar que la defensa careció del material durante todo el proceso.

Tercera categoría: las conversaciones intervenidas

Con apoyo en la STC 26/2010 y la STS 800/2024, la Sala distingue entre disponer de las grabaciones y reproducirlas. Su contenido puede incorporarse con transcripciones cotejadas o con la declaración de los agentes.

Quien pide una audición debe justificar su utilidad concreta. Según la STC 142/2012, la lesión del derecho a la prueba exige además que la diligencia omitida pudiera ser decisiva.

Cuarta categoría: la presunción de inocencia

Lo que los agentes perciben directamente es prueba. Las conclusiones que extraen de la investigación son hipótesis policiales, no prueba de los hechos.

El tribunal debe identificar las percepciones concretas que permitan inferir la participación de cada acusado. El silencio del acusado no puede suplir una prueba de cargo insuficiente.

Aplicado el criterio, se mantienen las condenas del responsable de la actividad y de la tía. Se absuelve al marido, porque el conocimiento de lo que hay en un espacio compartido no se presume.

Quinta categoría: la notoria importancia y el principio de legalidad

Con un margen de error del 5 %, la cantidad sería de 362,06 gramos, más de sesenta sobre el umbral de 300. Una segunda pericia solo habría sido decisiva con una desviación de más de una quinta parte.

El umbral procede de un acuerdo no jurisdiccional de 2001. No es una norma penal en blanco: concreta un concepto legal indeterminado con un criterio objetivo y previsible. La Sala no plantea cuestión de inconstitucionalidad.

Sexta categoría: el grupo criminal

Se confirma respecto de los tres condenados, conforme al artículo 570 ter.1.b. La actuación concertada se prolongó más de cinco meses, con funciones diferenciadas.

Eso va más allá de la mera codelincuencia. La absolución del cuarto no afecta al requisito de que intervengan más de dos personas.

Séptima categoría: la agravante de medios tecnológicos avanzados

La agravante del artículo 570 ter.2.c exige disponer de medios tecnológicos avanzados de comunicación o transporte. Los teléfonos eran de uso común y los vehículos, ordinarios. El garaje y el trastero no son medios de comunicación o transporte.

El compartimento oculto era apto para esconder la droga, pero no consta en él ningún componente tecnológico avanzado. Con apoyo en la STS 58/2016, la Sala advierte contra extender la agravante de medios tecnológicos avanzados a cualquier vehículo modificado para ocultar droga.

Efectos del fallo

El Supremo absuelve al marido de ambos delitos. A los otros tres les mantiene la condena y, excluida la agravante, impone seis meses de prisión por grupo criminal.

Las costas se declaran de oficio y contra la sentencia no cabe recurso.

Conclusión sobre la agravante de medios tecnológicos avanzados

La resolución combina tres ideas. La indefensión debe ser real y no solo técnica. La condena exige prueba individualizada. Y la agravante de medios tecnológicos avanzados exige un componente tecnológico que aquí no concurre.