Plazo para recurrir un acuerdo administrativo: la doctrina del TC
Acceso a la jurisdicción, publicación y expectativa: análisis doctrinal del plazo para recurrir un acuerdo administrativo
La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el plazo para recurrir un acuerdo administrativo aborda tres cuestiones de derecho procesal y administrativo. Son el derecho de acceso a la jurisdicción, la eficacia de los actos desde su publicación y la protección de la expectativa del interesado. La Sala Primera estima el amparo y fija una doctrina para supuestos de corrección de errores. Este análisis examina las categorías jurídicas que maneja la resolución.
Planteamiento del caso
La demandante es secretaria-interventora, con plaza en propiedad, del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Pertenece al Cuerpo de Habilitación Nacional de Secretarios e Interventores de la Administración Local.
Recurrió en vía contencioso-administrativa, el 16 de junio de 2017, un acuerdo municipal sobre la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Se había publicado el 30 de marzo de 2017.
El 18 de abril de 2017 se publicó un acuerdo de corrección de errores en la identificación del régimen impugnatorio. Su recurso se inadmitió por extemporáneo.
Primera categoría: el derecho de acceso a la jurisdicción
La Sala Primera aprecia vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución. Lo hace desde la perspectiva del acceso a la jurisdicción.
La sentencia se dicta por unanimidad, con ponencia de la magistrada María Luisa Segoviano Astaburuaga. El caso trata de la inadmisión por extemporaneidad de un recurso contencioso-administrativo.
Segunda categoría: la eficacia del acto desde su publicación
La vía judicial partió de una premisa general. Los actos administrativos solo producen sus efectos desde su notificación o publicación íntegra.
De esa premisa dedujo una consecuencia sobre el plazo para recurrir un acuerdo administrativo. Las rectificaciones necesarias, por afectar a su integridad material o formal, deben tomarse en consideración para los recursos y para el cómputo de su plazo.
Tercera categoría: la incidencia en los derechos de los interesados
Según ese razonamiento, la rectificación solo debe producir ese efecto cuando lo rectificado tenga incidencia en los derechos de los interesados.
El texto atribuye al Tribunal Supremo la conclusión de que el recurso estaba fuera de plazo. Se había presentado fuera del plazo del acuerdo inicial, aunque dentro del de la corrección de errores.
Cuarta categoría: la completa sustitución del régimen impugnatorio
El Constitucional discrepa y analiza qué contenido se rectificó. Señala que el contenido rectificado afecta al derecho de la interesada.
Se refiere en especial a la completa sustitución del régimen impugnatorio de la resolución inicial. Se produjo con ocasión de la publicación de la corrección de errores.
Quinta categoría: la razonable expectativa
El Tribunal destaca que esa sustitución generó una razonable expectativa en los interesados. En este caso, en la demandante.
La expectativa era que la única indicación de recursos válida y eficaz fuera la publicada el 18 de abril de 2017. El plazo para recurrir un acuerdo administrativo se rige entonces por esa indicación.
Sexta categoría: el plazo para recurrir un acuerdo administrativo
Presentar el recurso en el plazo concedido en el acuerdo de corrección de errores supone presentarlo dentro de plazo. Es a partir del 18 de abril de 2017 cuando comienza a computar.
El recurso se dirige contra el acuerdo inicial del Ayuntamiento de modificación de la RPT. La doctrina se formula para supuestos en que concurran determinadas circunstancias.
Efectos del fallo
El Constitucional estima el amparo y anula la decisión judicial. Reconoce que se vulneró el derecho de acceso a la jurisdicción de la demandante.
Conclusión sobre el plazo para recurrir un acuerdo administrativo
La resolución combina tres exigencias. La corrección debe afectar al derecho de la interesada. Debe sustituir por completo el régimen impugnatorio. Y debe generar una razonable expectativa sobre la indicación de recursos válida.