El TSJR confirma la condena por estafa procesal

El TSJR ha confirmado la condena de un año de prisión a un hombre que intentó evitar el pago de los honorarios de una procuradora mediante la presentación de una factura que resultó ser falsa. La Sala considera acreditado que el acusado utilizó el documento dentro de un procedimiento judicial con el propósito de obtener una decisión favorable a sus intereses.

La resolución mantiene la calificación de los hechos como intento de estafa procesal vinculado a la falsificación de un documento privado.

El impago obligó a acudir a los tribunales

La procuradora había sido contratada para representar al acusado en una demanda laboral. Por sus servicios emitió una minuta de 309,43 euros, cantidad que el condenado no abonó pese a los sucesivos requerimientos realizados por carta, teléfono y medios telemáticos.

La falta de pago llevó a la profesional a iniciar un procedimiento de jura de cuentas. Fue en el marco de este procedimiento cuando el acusado intentó justificar que la cantidad reclamada ya había sido satisfecha.

Para ello presentó un escrito acompañado de una factura por importe de 2.077,60 euros. El documento aparecía como una minuta de honorarios profesionales y aparentaba estar firmado digitalmente por el abogado.

El propio letrado negó que hubiera emitido o firmado esa factura.

El tribunal considera acreditada la maniobra

La defensa sostuvo que no se había explicado con precisión cómo había falsificado el acusado el documento. El TSJR rechaza esta objeción y considera suficientes las pruebas valoradas por la Audiencia Provincial.

Los magistrados señalan que el acusado contaba con medios que le permitían elaborar el documento, como el correo electrónico y WhatsApp. Además, fue él quien presentó la factura ante el órgano judicial.

La Sala entiende que el documento no se aportó de manera accidental. Su contenido podía favorecer la posición procesal del acusado al permitirle sostener que ya había satisfecho sus obligaciones económicas.

Por tanto, el tribunal considera que existía una intención de provocar una respuesta judicial favorable al acusado y perjudicial para la procuradora.

La deuda terminó siendo abonada

La actuación no logró el resultado perseguido. La procuradora explicó que finalmente consiguió cobrar la totalidad de los 309,43 euros que se le adeudaban durante el procedimiento.

El hecho de que el objetivo final no se alcanzara no impide, según la condena confirmada, apreciar el intento de estafa procesal.

Abogado y procuradora cobran honorarios independientes

Otro elemento valorado por el tribunal es el conocimiento que tenía el acusado sobre la obligación de pagar separadamente a ambos profesionales.

Tanto el abogado como la procuradora le habían indicado que sus honorarios eran independientes y cada profesional había emitido su propia factura. En consecuencia, el pago de los honorarios del abogado no suponía el pago de la minuta de la procuradora.

El TSJR concluye que la Audiencia Provincial realizó una valoración detallada de la prueba practicada y justificó correctamente la calificación jurídica de los hechos.

La sentencia no es firme y todavía puede recurrirse mediante recurso de casación ante el Tribunal Supremo.