El Supremo refuerza el control de las devoluciones

La AEAT debe explicar las cantidades deducidas

El Tribunal Supremo ha reconocido que los contribuyentes pueden recurrir las deducciones aplicadas por la Administración sobre devoluciones tributarias cuando estas modifican la cantidad que finalmente reciben. La decisión se contiene en la Sentencia 974/2026, de 22 de julio, que resuelve el recurso presentado por Sang Motor Siglo XXI, S.A.

El origen del conflicto se encuentra en una devolución de 6.295,57 euros de IVA correspondiente al cuarto trimestre de 2014. La AEAT abonó directamente a la empresa 4.790,62 euros y destinó los 1.504,95 euros restantes al pago de deudas con otros entes públicos del Ayuntamiento de Madrid.

La empresa intentó impugnar esta deducción, pero el TEAC consideró que la comunicación de pago no era un acto recurrible. Según su interpretación, el documento se limitaba a informar de que la devolución ya acordada había sido pagada. La Audiencia Nacional mantuvo posteriormente esta posición.

Lo importante es el efecto de la actuación

El Tribunal Supremo establece ahora un criterio distinto. La Sala considera que una comunicación de pago sí puede ser impugnada cuando incorpora deducciones que alteran la cantidad líquida a favor del contribuyente.

La clave está en que la Administración no se limita a comunicar un pago, sino que adopta una decisión que afecta al importe de la devolución. Por este motivo, concurren los requisitos previstos en los artículos 226 y 227 de la Ley General Tributaria para acceder a la vía económico-administrativa.

La doctrina supone que la denominación formal del documento no resulta determinante. Lo relevante es el contenido material de la actuación administrativa y sus efectos sobre el derecho reconocido al contribuyente.

El embargo judicial tiene límites

La sentencia introduce una precisión cuando la deducción responde a un embargo judicial. La AEAT no puede entrar a valorar si el embargo fue correctamente acordado por el órgano jurisdiccional. Esa cuestión corresponde al órgano competente para revisar la decisión judicial.

Sin embargo, la Administración tributaria sí debe justificar cómo ejecuta el embargo. El expediente debe permitir conocer la orden recibida, su alcance y la forma en que afecta a la devolución que corresponde al contribuyente. Esta aplicación administrativa sí puede ser revisada en vía económico-administrativa.

De este modo, el Supremo diferencia entre la legalidad del embargo, que no puede ser revisada por la AEAT, y la forma en que la Administración ejecuta la orden, que sí queda sometida a control.

La Audiencia Nacional deberá resolver el fondo

El Supremo estima el recurso de casación presentado por Sang Motor Siglo XXI, anula la sentencia recurrida y ordena retrotraer las actuaciones para que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre el fondo del asunto.

La resolución consolida así una doctrina que exige a la Administración justificar las deducciones que reduzcan una devolución tributaria y permite al contribuyente someter su aplicación a revisión económico-administrativa.