El TC endurece las garantías del internamiento

El derecho a la libertad exige una tutela reforzada

El Tribunal Constitucional ha establecido nuevos criterios sobre las garantías procesales que deben respetarse en los procedimientos de ratificación del internamiento urgente no voluntario por razones de salud mental. La Sala Primera, mediante una sentencia aprobada por unanimidad, concluye que se vulneró el derecho fundamental a la libertad personal del demandante al no garantizarse plenamente su derecho de defensa durante la tramitación judicial.

La resolución interpreta el artículo 17.1 de la Constitución Española y recuerda que cualquier medida que implique una privación de libertad requiere el máximo nivel de protección de los derechos fundamentales. En este contexto, el Tribunal considera necesario reforzar tanto la información facilitada al afectado como la actuación de quienes asumen su defensa.

Los tribunales deben garantizar una información comprensible

Según la sentencia, los órganos judiciales no pueden limitarse a informar formalmente a la persona internada sobre sus derechos. Deben asegurarse de que esa información resulte comprensible mediante los apoyos y ajustes que sean necesarios, atendiendo a las circunstancias concretas del afectado.

Cuando existan familiares o personas que desempeñen funciones de apoyo, los tribunales deberán valorar su intervención para facilitar la comprensión del procedimiento y asegurar una defensa efectiva.

En el caso enjuiciado, el Tribunal Constitucional aprecia que la existencia de una hermana especialmente implicada en la protección del demandante era conocida por los órganos judiciales. No obstante, esta no fue llamada a intervenir, circunstancia que la sentencia considera incompatible con las garantías exigidas en un procedimiento que afecta directamente a la libertad personal.

La defensa del Ministerio Fiscal requiere una participación activa

Otro de los aspectos relevantes del fallo se refiere al papel del Ministerio Fiscal cuando es designado para asumir la defensa del afectado. El Tribunal afirma que esa función comprende una asistencia jurídica real y no una mera intervención documental.

Entre las actuaciones mínimas exigibles se encuentran mantener comunicación con la persona internada, explicarle sus derechos, conocer sus intereses y participar directamente en los actos procesales decisivos, especialmente en la audiencia judicial donde se examina la procedencia del internamiento.

La sentencia fija una nueva referencia constitucional

En el procedimiento objeto del recurso, el Ministerio Fiscal limitó su actuación a emitir un informe final favorable a la ratificación del internamiento. No compareció en la audiencia ni mantuvo contacto alguno con el demandante, actuación que el Tribunal considera insuficiente para satisfacer las exigencias constitucionales del derecho de defensa.

Con esta resolución, el Tribunal Constitucional consolida una doctrina que obligará a extremar las garantías en futuros procedimientos de internamiento urgente por motivos de salud mental. La sentencia recuerda que la efectividad del derecho de defensa constituye un requisito imprescindible para legitimar cualquier decisión judicial que implique la privación de libertad de una persona.