La temporalidad abusiva vuelve a los tribunales

El TSXG aplica la nueva jurisprudencia europea

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha vuelto a pronunciarse sobre el abuso de la contratación temporal en las Administraciones Públicas. En dos resoluciones recientes, la Sala de lo Social concluye que la Xunta de Galicia y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil mantuvieron durante años relaciones laborales temporales que excedían los límites permitidos por el ordenamiento jurídico.

Las sentencias aplican los criterios fijados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por el Tribunal Supremo, que exigen a las Administraciones adoptar medidas eficaces para prevenir y sancionar el uso abusivo de contratos o nombramientos temporales sucesivos. Como consecuencia, ambas entidades deberán indemnizar con 10.000 euros a las personas afectadas por el daño moral sufrido.

El daño moral puede subsistir tras obtener una plaza fija

Las personas demandantes lograron posteriormente acceder a una plaza fija mediante los correspondientes procesos selectivos. Sin embargo, el TSXG considera que ese hecho no supone una reparación automática del perjuicio causado por años de temporalidad.

El tribunal insiste en que los procesos de estabilización garantizan el acceso definitivo al empleo público, pero no constituyen una sanción frente al abuso ni compensan por sí solos los efectos derivados de una relación temporal anormalmente prolongada. Por esa razón, reconoce una indemnización por daño moral, aunque descarta la indemnización extintiva al no haberse extinguido la relación laboral.

Criterios para cuantificar la compensación

Las resoluciones toman como referencia la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), al entender que sus importes mínimos ofrecen un criterio objetivo para valorar la gravedad del abuso. Asimismo, la Sala indica que el derecho a percibir la indemnización puede repetirse por cada periodo completo de tres años en que la situación abusiva permanezca, siempre con la correspondiente valoración de las circunstancias del caso.

El tribunal recuerda igualmente la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2025, que establece que la adquisición de la condición de personal fijo puede reducir la intensidad del daño moral, aunque no elimina el derecho a obtener una reparación económica.

Expedientes sancionadores y recurso pendiente

Además de condenar a las Administraciones al pago de las indemnizaciones, el TSXG ha remitido ambas resoluciones a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que analice la posible existencia de infracciones administrativas derivadas del abuso de la contratación temporal.

Los dos procedimientos afectan a situaciones especialmente prolongadas, una de ellas superior a quince años y otra mantenida desde 2002 hasta 2024. Pese a la relevancia de los pronunciamientos, las sentencias aún no son firmes y podrán ser impugnadas mediante recurso de casación ante el Tribunal Supremo.