Competencia cuestiona el decreto balear

La CNMC recurre varias restricciones al sector del taxi y VTC

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha impugnado ante la jurisdicción contencioso-administrativa diversos artículos del Decreto 6/2026 de las Illes Balears, que regula los servicios de taxi y de vehículos de transporte con conductor (VTC). El organismo sostiene que algunas de las medidas introducidas por la norma autonómica limitan la competencia de manera injustificada y pueden reducir las alternativas de movilidad disponibles para los ciudadanos.

La decisión se produce después de que la CNMC requiriera al Govern balear la modificación de los preceptos controvertidos para evitar su impugnación. Al no aceptarse las observaciones formuladas, el organismo ha optado por acudir a los tribunales en ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 5.4 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC.

Las limitaciones impugnadas

El recurso no afecta al conjunto del decreto, sino únicamente a determinadas condiciones de acceso y ejercicio de la actividad que, según la CNMC, carecen de una justificación suficiente desde el punto de vista de la competencia.

Entre ellas figura la obligación de que los vehículos destinados a nuevas autorizaciones tengan una antigüedad inferior a dos años desde su matriculación. Para el organismo, esta exigencia limita la entrada de operadores sin acreditar que un vehículo más reciente garantice un mejor servicio.

También se cuestiona la longitud mínima de 4,35 metros exigida para los vehículos de taxi y VTC. La CNMC considera que esta medida restringe la utilización de modelos más pequeños y eficientes, incluidos vehículos eléctricos, sin que ello suponga un beneficio objetivo para el usuario.

A estas medidas se suma el límite de tres solicitudes de autorizaciones VTC por titular en cada convocatoria municipal. Desde la perspectiva del organismo, esta restricción dificulta la competencia entre empresas e impide aprovechar economías de escala que podrían traducirse en precios más competitivos.

Innovación y libertad de empresa

Otro de los aspectos recurridos es la prohibición del alquiler compartido de vehículos VTC mediante la contratación por plazas. La CNMC entiende que esta modalidad incrementaría las opciones de movilidad, reduciría los costes para los usuarios y favorecería un uso más eficiente de los recursos disponibles.

El recurso también alcanza la obligación de publicar las tarifas de los VTC en una página web, al considerar que se trata de una carga administrativa innecesaria, dado que las plataformas digitales ya informan previamente del precio del trayecto. Además, recuerda que el Tribunal Supremo anuló recientemente una regulación similar por entender que vulneraba la libertad de empresa.

Una decisión con impacto regulatorio

La CNMC también cuestiona la posibilidad de limitar los incrementos de precios durante los periodos de mayor demanda. A su juicio, esta medida puede reducir la disponibilidad de vehículos en los momentos de mayor necesidad y aumentar los tiempos de espera de los usuarios.

La resolución judicial que finalmente se dicte permitirá delimitar el alcance de la potestad reguladora de las administraciones públicas sobre el sector del transporte de viajeros y concretar cómo deben aplicarse los principios de necesidad, proporcionalidad y libre competencia cuando se establecen requisitos que condicionan el acceso y el desarrollo de una actividad económica.