El fallo sobre supermercados húngaros

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado ilegal la normativa de Hungría que obligaba a determinados supermercados y distribuidores a vender productos alimentarios con descuentos impuestos por el Estado.

La sentencia del asunto C-658/24 | Penny Market establece que la intervención pública sobre los precios debe respetar los principios básicos del mercado europeo y no puede limitar la actividad empresarial sin una justificación suficiente.

La normativa fue aprobada en 2023 con la intención de reducir el impacto de la inflación alimentaria. Hungría estableció un sistema mediante el cual los grandes distribuidores debían aplicar promociones obligatorias sobre determinados productos considerados esenciales.

El mecanismo consistía en reducir el precio al consumidor al menos un 15 % respecto del precio mínimo aplicado durante los treinta días anteriores. Además, los comercios debían asegurar una cantidad mínima de existencias.

La medida buscaba garantizar alimentos asequibles, pero terminó siendo cuestionada ante los tribunales europeos.

Penny Market lleva el caso ante Europa

La empresa Penny Market fue sancionada por las autoridades húngaras después de que una inspección detectara que dos productos incluidos en la promoción obligatoria no estaban disponibles.

La compañía explicó que los problemas se debían a retrasos en la entrega y que había ofrecido alternativas para sus clientes.

Sin embargo, la administración consideró que las obligaciones legales no se habían cumplido y mantuvo la sanción.

El caso llegó al Tribunal General de Győr, que planteó al TJUE varias dudas sobre la compatibilidad de la norma con el Derecho europeo.

La cuestión afectaba a varias áreas jurídicas: la libertad de establecimiento, la libre prestación de servicios, la normativa sobre mercados agrícolas y la Directiva de servicios.

El límite a la intervención del Estado

El TJUE considera que Hungría cruzó los límites permitidos porque la norma impedía a los comerciantes decidir libremente cómo fijar sus precios y gestionar sus productos.

Según el Tribunal, las empresas necesitan capacidad para adaptar sus decisiones comerciales a la realidad económica.

Una regulación puede establecer obligaciones concretas cuando exista una finalidad legítima, pero debe evitar sustituir completamente la capacidad de decisión de los operadores privados.

La sentencia recuerda que la competencia no es solo un principio económico, sino una pieza esencial del funcionamiento del mercado interior europeo.

Consumidores y proporcionalidad

Uno de los puntos centrales del procedimiento fue la defensa realizada por Hungría. El Gobierno argumentó que las medidas eran necesarias para proteger a los consumidores frente a la inflación.

El TJUE acepta que la protección social y económica puede justificar actuaciones nacionales, pero considera que en este caso el mecanismo elegido no era proporcional.

El Tribunal observa que los descuentos no garantizaban que los consumidores con mayores dificultades pudieran acceder realmente a esos productos.

Además, la regulación afectaba solo a determinados grandes operadores, dejando fuera a otros establecimientos que también participan en la distribución alimentaria.

Una referencia para futuras crisis económicas

La resolución puede tener consecuencias más allá del caso concreto. Muchos Estados miembros han adoptado medidas excepcionales para responder al aumento de precios en sectores esenciales.

El TJUE recuerda que esas políticas deben respetar las normas europeas.

Los gobiernos pueden intervenir para proteger a los consumidores, pero las restricciones deben estar justificadas y diseñadas de forma equilibrada.

La sentencia sobre Penny Market refuerza la importancia de mantener un mercado europeo abierto y competitivo, incluso en situaciones económicas difíciles.