Nueva adaptación del IVA a la era digital

Aprobación del Anteproyecto y objetivos generales

El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta el Anteproyecto de Ley que modifica la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido con el fin de transponer parcialmente la Directiva (UE) 2025/516, integrada en el paquete europeo ViDA (“VAT in the Digital Age”). Esta normativa busca modernizar el funcionamiento del IVA en un contexto en el que las actividades económicas dependen crecientemente de plataformas digitales y de operaciones transfronterizas de carácter inmediato. La reforma continúa el proceso iniciado con el paquete de comercio electrónico, en vigor desde julio de 2021.

Continuación del marco europeo de digitalización tributaria

La legislación aprobada en 2021 ya introdujo los regímenes de ventanilla única —exterior de la Unión, de la Unión e importación— para centralizar la declaración del IVA en operaciones electrónicas. También atribuyó a ciertas plataformas una intervención directa en la recaudación del impuesto, actuando como proveedor asimilado en supuestos concretos. La Directiva ViDA amplía este modelo, con el fin de reforzar la seguridad jurídica y mejorar la trazabilidad del impuesto en la Unión Europea.

Control del fraude mediante factura electrónica

Uno de los ejes centrales de la reforma es la obligación de introducir un sistema digitalizado y armonizado de facturación electrónica en las operaciones intracomunitarias. La finalidad es permitir un suministro inmediato de información a las administraciones tributarias nacionales, creando un marco uniforme que facilite la detección de irregularidades. La Unión Europea considera esta medida esencial para combatir el fraude del IVA, especialmente el fraude carrusel, que tradicionalmente se ha apoyado en la falta de sincronización entre los Estados miembros.

Simplificación de obligaciones y efectos para operadores

La Directiva ViDA también persigue reducir la carga administrativa de las empresas que operan en varios Estados miembros. El objetivo final es avanzar hacia un único registro válido para toda la Unión, evitando que cada operador deba inscribirse en múltiples jurisdicciones. El Anteproyecto incorpora los primeros ajustes técnicos, que entrarán en vigor en enero de 2027.

Entre ellos destaca la ampliación del régimen exterior de la Unión a servicios prestados a consumidores no establecidos en la UE y la exigencia de nombrar representante a los operadores no comunitarios que soliciten devoluciones del IVA mediante los regímenes de ventanilla única. Además, se prevén dos regímenes transitorios: uno para ventas de bienes en consigna vigente hasta julio de 2028 y otro que permite incluir las entregas de energía en el régimen de la Unión hasta esa misma fecha.