Antecedentes del caso

El Tribunal Supremo, en su Sentencia nº 1281/2025 (ECLI:ES:TS:2025:4028), ha establecido un criterio sobre los límites de la acción directa prevista en el artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro cuando se ejercita frente a la aseguradora de una Administración pública.

El litigio tuvo origen en una reclamación por presunta negligencia médica durante un parto ocurrido en 2010 en un hospital público andaluz. Los progenitores del menor afectado iniciaron un expediente de responsabilidad patrimonial ante el Servicio Andaluz de Salud (SAS), que fue desestimado. Dicha resolución, notificada correctamente, adquirió firmeza al no interponerse recurso contencioso-administrativo.

Posteriormente, los perjudicados acudieron a la jurisdicción civil para reclamar una indemnización a la aseguradora del SAS, Zurich Insurance PLC, al amparo del art. 76 LCS. Tanto el Juzgado de Primera Instancia nº 26 de Madrid como la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 13ª) estimaron parcialmente la demanda, pero la aseguradora recurrió en casación ante el Tribunal Supremo.

Argumentos del Tribunal Supremo

El Alto Tribunal ha determinado que la acción directa no puede utilizarse para revisar actos administrativos firmes, pues ello implicaría una invasión de la competencia del orden contencioso-administrativo, contraria a lo dispuesto en los arts. 106 de la Constitución Española, 9.4 de la LOPJ y 2 de la LJCA.

De acuerdo con los arts. 73 y 76 LCS, la responsabilidad del asegurado —en este caso, la Administración sanitaria— es un requisito previo para que pueda exigirse la del asegurador. Por tanto, si la Administración ha sido exonerada mediante resolución firme, la aseguradora no puede ser condenada civilmente.

El Tribunal reitera la doctrina de sentencias anteriores (STS 321/2019, 579/2019, 473/2020 y 1488/2024) que delimitan tres vías excluyentes para el perjudicado: reclamación administrativa, demanda contencioso-administrativa o acción directa civil exclusiva, pero no su combinación.

Fallo y relevancia jurídica

El Tribunal Supremo estima el recurso de casación de la aseguradora, revoca la sentencia de apelación y desestima la demanda, sin imposición de costas.